Durante el último discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Obama citó el aumento del coste del cuidado infantil como una de las principales barreras para que ambos progenitores se incorporen al mercado laboral, y anunció un plan para aumentar el gasto federal en asistencia para el cuidado de los hijos. El plan resonó en muchas familias de todo el país, incluidos millones de familias hispanas. Según datos recientes, las familias trabajadoras hispanas y afroamericanas tienen el doble de probabilidades que otros grupos de ser de bajos ingresos y más probabilidades de ser el objetivo de iniciativas gubernamentales que ayudan a pagar los servicios de cuidado infantil. Pero, ¿es una mayor asistencia gubernamental la mejor solución para el creciente coste del cuidado infantil? Un nuevo estudio del Centro Mercatus de la Universidad George Mason cuestiona el enfoque de la administración al ofrecer una forma diferente de abaratar el cuidado infantil.
Hay una experiencia que la mayoría de los padres primerizos comparten en nuestro país: la preocupación repentina al conocer el coste desorbitado del cuidado infantil. En 2014, las familias gastaron de media 18.000 $ en cuidado infantil, que es ahora el gasto doméstico más elevado (la vivienda supone 17.000 $ y la alimentación 7.000 $). Como es de esperar, ante el elevado coste del cuidado infantil, muchos padres deciden abandonar el mercado laboral para cuidar de sus hijos a tiempo completo.
El Centro Mercatus decidió examinar los factores que impulsan el coste del cuidado infantil, y su estudio resultante se propuso estimar la relación entre las regulaciones del cuidado infantil y el coste de la atención a nivel estatal. El estudio reveló que varias regulaciones, como los ratios máximos de niños por personal, los límites de tamaño de los grupos y los requisitos de formación, aumentan significativamente el coste del cuidado infantil sin mejorar realmente los resultados o la seguridad del mismo. Los padres encuentran consuelo en un cierto nivel de supervisión de los servicios de cuidado infantil. Pero si se inclina demasiado la balanza, los costes de estas regulaciones pueden empezar a crecer sin aportar mucho beneficio a las familias. De hecho, el análisis sugiere que «una serie de requisitos regulatorios existentes podrían flexibilizarse para proporcionar ahorros de costes a las familias de bajos ingresos sin reducir significativamente la calidad del cuidado infantil».
El estudio tiene implicaciones importantes tanto para los responsables políticos como para los padres. El hecho de que el gobierno se limite a pagar el cuidado infantil puede crear un desincentivo para que los gobiernos estatales y locales eliminen las cargas regulatorias innecesarias y hace poco por reducir realmente los costes. Estas cargas, si se eliminaran, podrían reducir de hecho el coste del cuidado infantil y también podrían reducir drásticamente la necesidad de asistencia gubernamental, lo que generaría ahorros para el contribuyente. Este punto se articula en el estudio de Mercatus, donde los autores explican que las cargas que elevan el coste pueden «condenar a sectores enteros de la población a la dependencia de las ayudas sociales». Las familias que realmente valoran el nivel de servicio exigido por estas regulaciones seguirían teniendo la opción de pagarlas, sin obligar a las familias de bajos ingresos a prescindir por completo del cuidado infantil, simplemente por el coste.
Mientras el Congreso se prepara para reanudar el trabajo sobre el presupuesto del próximo año, los legisladores deberían ir más allá de la idea de que la mera ampliación de la asistencia gubernamental puede ser una herramienta eficaz para reducir el coste del cuidado infantil, especialmente cuando hay pruebas de que la sobrerregulación es una de las causas fundamentales del aumento de los costes. Este enfoque no solo ahorraría dinero al contribuyente, sino que también liberaría más recursos para ayudar a las familias más necesitadas. Si nos tomamos en serio el objetivo de hacer que el cuidado infantil sea más asequible para todas las familias, la solución no es simplemente pasarle la factura al contribuyente, sino encontrar formas de reducir las cargas que incrementan los costes.